Principales dimensiones de la huella social del cambio climático en Canarias
La huella social del cambio climático evalúa cómo los fenómenos meteorológicos extremos inciden en el bienestar de las personas, más allá del coste ambiental. Incluye efectos en la salud, la vivienda y la cohesión comunitaria, poniendo el foco en quiénes sufren más los impactos y con qué capacidades cuentan para adaptarse.
En materia sanitaria, las olas de calor en Canarias han mostrado una frecuencia un 25 % mayor en la última década, con seis episodios severos contabilizados en 2023 frente a cuatro en 2014. Estas anomalías elevan las hospitalizaciones por golpe de calor en un 18 % y agravan cuadros crónicos en personas con enfermedades cardiovasculares. Asimismo, la AEMA (2018) señala que la calima incrementa en un 15 % las consultas por asma y enfermedades respiratorias, especialmente entre menores de 14 años y mayores de 65.
La precariedad habitacional es otra dimensión clave. El programa Canarias ProHogar de Provivienda, en colaboración con el ICAVI, ha atendido a más de 600 familias en riesgo de desahucio entre 2021 y 2024, ofreciendo alojamiento temporal y asesoramiento social. Muchas de estas viviendas carecen de aislamiento térmico adecuado, lo que eleva un 20 % el consumo energético en verano y deja a los hogares vulnerables sin refugio contra el calor extremo.
Los colectivos con menor capacidad de adaptación concentran la mayor parte de la huella social. Según MITECO (2024), el 12 % de las personas mayores de 65 años experimenta exclusión social agravada por olas de calor, con dificultades para acceder a servicios de atención domiciliaria y espacios climatizados. Por su parte, el 8 % de la población infantil sufre episodios de calima que desencadenan crisis asmáticas y elevan la tasa de absentismo escolar hasta un 10 % durante estos eventos extremos.
La combinación de factores —sensibilidad fisiológica, condiciones habitacionales y redes de apoyo limitadas— conforma la vulnerabilidad social insular. Barrios como Escaleritas (Las Palmas) y San Juan de Telde (Tenerife) presentan índices de pobreza energética por encima del 30 %, lo que evidencia la necesidad de rehabilitación térmica y programas de apoyo a la factura eléctrica para evitar que el calor o el frío extremo agraven la pobreza existente.
Frente a este panorama, las políticas públicas deben articular respuestas integrales. Resulta imprescindible invertir en infraestructuras verdes que mitigen islas de calor urbanas, reforzar la eficiencia energética en el parque residencial y habilitar centros de día climatizados en barrios vulnerables. Además, la coordinación entre sanidad, vivienda y servicios sociales permitirá diseñar protocolos de alerta temprana y desplegar recursos en los días de mayor riesgo climático.
En suma, medir y gestionar la huella social en Canarias exige indicadores que reflejen tanto el impacto sanitario como la fragilidad habitacional y la situación de grupos vulnerables. Solo así las estrategias de adaptación incorporarán la justicia social necesaria para que nadie quede atrás en la crisis climática insular.
Fuentes
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Informe de Vulnerabilidad Social 2024.
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Europe’s Environmental Report: The Social Impact of Air Quality in Islands, 2018.
Provivienda. Informe Programa Canarias ProHogar, 2021.
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